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"La soja se puede mantener un año o más sin venderse" , Luis Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural

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Se equivocan de nuevo

25.4.12


 Por Mark Weisbrot
Codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington.

La decisión del gobierno argentino de renacionalizar YPF ha sido recibida con gritos de indignación, amenazas, previsiones de rabia y ruina, y además algo de insultos groseros en la prensa internacional. Hemos escuchado todo esto antes. Cuando el gobierno argentino no pagó su deuda a fin de 2001, y entonces devaluó su moneda un par de semanas más tarde, todo era negro y lleno de pesimismo en los medios de comunicación. La devaluación provocaría inflación fuera de control; el país se enfrentaría a una crisis de balanza de pagos por no ser capaz de conseguir préstamos y la economía bajaría en espiral hacia una recesión más profunda. Nueve años después, el PIB real de Argentina ha crecido aproximadamente 90 por ciento, el crecimiento más rápido en el hemisferio. El empleo se encuentra en niveles record y tanto la pobreza como la pobreza extrema se han reducido en dos tercios. El gasto social, ajustado por la inflación, se ha casi triplicado.

Todo esto forma parte probablemente de las razones por las que Cristina Kirchner fue reelegida en octubre pasado en una victoria aplastante. Por supuesto, aquí en Estados Unidos esta historia de éxito rara vez se cuenta, sobre todo porque involucró la revocación de muchas de las fracasadas políticas neoliberales –respaldadas por Washington y el Fondo Monetario Internacional– que llevaron al país a la ruina durante su peor recesión, la de 1998-2002. Ahora el Gobierno está revocando otra fracasada política neoliberal de la década del ’90: la privatización de su industria de petróleo y gas.

Hay razones sólidas para tomar este paso y es más probable que el Gobierno vaya a demostrar que está en lo cierto una vez más. Repsol, la compañía petrolera española que actualmente es dueña del 57 por ciento de YPF, no ha producido lo suficiente para mantenerse al nivel del crecimiento rápido de la economía argentina. De 2004 a 2011, la producción de petróleo disminuyó casi un 20 por ciento y el gas un 13 por ciento, con YPF responsable por mucho de esta situación. Y las reservas probadas de la compañía de petróleo y gas también han disminuido sustancialmente en los últimos años. El retraso en la producción no es sólo un problema en términos de satisfacer las necesidades de los consumidores y las empresas, también es un serio problema macroeconómico.

El déficit en la producción de petróleo y gas ha llevado a un aumento rápido en las importaciones. En 2011 éstas se duplicaron con respecto al año anterior a 9400 millones de dólares, anulando una gran parte del superávit comercial de Argentina. Una balanza comercial favorable ha sido muy importante para el país desde su default en 2001. Debido a que el Gobierno está en su mayoría excluido de los préstamos de los mercados financieros internacionales, debe tener cuidado de contar con las divisas suficientes para evitar una crisis de balanza de pagos. Esta es otra razón por la que ya no puede correr el riesgo de dejar la producción y gestión de energía para el sector privado.

¿Por qué la indignación contra la decisión de Argentina de tomar –a través de una compra forzada– una participación de control en la que por la mayor parte de la historia de la empresa fue la compañía petrolera nacional? México nacionalizó su petróleo en 1938 y –al igual que una serie de países de la OPEP– aún no permite la inversión extranjera en petróleo. La mayoría de los productores de petróleo y gas en el mundo –desde Arabia Saudita a Noruega– tienen las empresas estatizadas. Las privatizaciones de gas y petróleo en la década del ’90 fueron una aberración, el neoliberalismo vuelto loco. Aun cuando Brasil privatizó parte de las empresas estatales en la década del ’90, el gobierno mantuvo el control mayoritario de Petrobras.

Mientras América latina ha logrado su “segunda independencia” en la última década y media, el control soberano sobre los recursos energéticos ha sido una parte importante de la recuperación económica de la región. Bolivia renacionalizó su industria de hidrocarburos en 2006 y los ingresos de los hidrocarburos aumentaron de menos del 10 por ciento a más del 20 por ciento del PIB (la diferencia sería alrededor de dos tercios de los ingresos actuales del gobierno de Estados Unidos). Ecuador, bajo Rafael Correa, aumentó su control del petróleo y su participación en la producción de las empresas privadas.
Argentina está poniéndose al día con sus vecinos y el mundo y revocando los errores del pasado en esta área. En cuanto a sus detractores, están en una posición débil para ponerse a tirar piedras. Las agencias de calificación amenazan bajar la nota de Argentina. ¿Debería alguien tomarlas en serio después de que dieron unas calificaciones AAA a basura sin valor que estaba respaldada por hipotecas durante la burbuja inmobiliaria y luego fingieron que el gobierno de Estados Unidos podría realmente no pagar su deuda? Y en cuanto a las amenazas de la Unión Europea y el gobierno derechista de España, ¿qué han hecho bien últimamente, con Europa atrapada en su segunda recesión en tres años, casi a la mitad de una década perdida y con un desempleo del 24 por ciento en España?

Es interesante que Argentina haya tenido un notable éxito económico en los últimos nueve años, mientras recibe muy poca inversión extranjera directa y es en su mayor parte rechazada por los mercados financieros internacionales. Según la mayoría de la prensa de negocios, éstos son los dos grupos más importantes que cualquier gobierno debe complacer. Sin embargo, el gobierno argentino ha tenido otras prioridades. Tal vez ésa sea otra razón por la cual Argentina recibe tanta lluvia de críticas.

Y péguele fuerte

24.4.12


 Por Eduardo Aliverti

No hay nada más imperioso, en momentos como éstos, que desmalezar la información circulante. Algunos colegas, sobre todo de este diario, vienen haciéndolo con rigor. Es tal el tráfico de intereses –y en consecuencia la cantidad de falsedades– que cabe insistir. El orden siguiente es aleatorio, tanto como el modo en que los sectores de derecha más concentrados revelan su desconsuelo. Para peor de esos grupos, el conjunto de la oposición apoya la medida. Hasta Macri tuvo que pegarle una vuelta a su virulenta crítica inicial desde la cuna de Antonia. Según les pinte, los medios militantes del antioficialismo ubican a uno u otro ítem como la amenaza grandilocuente. Suben y bajan. Parecen ascensor.

- España hará tronar el escarmiento. El disparate más grande de todos. Las exportaciones españolas a la Argentina están en alrededor de mil millones de euros, pero las importaciones desde aquí son por el doble. Hay más de una docena de grandes empresas españolas que operan en la Argentina en rubros como banca, construcción, energía, hotelería, comunicación. Según el Ibex 35, índice de la Bolsa de Madrid, las compañías de la península se llevan más de 26 mil millones de dólares por ingresos generados en la Argentina. Solamente Telefónica obtuvo el año pasado un volumen de negocios superior a los cuatro mil millones de dólares. Santander Río, BBVA Banco Francés, Mapfre, DHL, Endesa, Cirsa, Santillana, NH Hoteles, Codorniú, Prosegur, y una lista que se completa con más de 400 empresas ibéricas operantes en la Argentina, dan cuenta de que España es hoy el primer inversor extranjero en nuestro país. A esa España que en cierto pero no menor sentido se cae a pedazos o, si se prefiere, al gobierno que la administra con el ajuste más salvaje de –por lo menos– su decurso post-franquista, no le dan los números siquiera para alzar la voz. Lo dijo, entre otros muchos ignorados por los medios españoles y sus aliados criollos, el cooperativista español Gabriel Trenzado: España tiene mucho más para perder que para ganar en un enfrentamiento con la Argentina.

- También Europa podría vengarse. Es un aspecto que, si acaso pudiera ser posible, supera a la tontería del revanchismo meramente español. Así como, después de Brasil, Europa es el segundo destino de las exportaciones argentinas, la Unión Europea es el segundo inversor en la Argentina. Justo cuando la crisis de los europeos y sus empresas les hacen mirar con mayor cariño que nunca lo que puedan exprimir aquí y en el resto de América, para conformar a sus accionistas mientras descargan en las clases populares el costo del ajuste, Europa estaría en condiciones de demostrar lo larga que es su capacidad de intimidar. Muy gracioso.

- La presión de Repsol por el monto indemnizatorio hará que acuda a todos los juzgados internacionales y la Argentina agregará porotos a su aislamiento del mundo. Reíte de Janeiro. La petrolera estatal venezolana y la Exxon estadounidense ya llevan cuatro años negociando el precio por las expropiaciones de Hugo Chávez. El dato es público. Tiene el plus de haber sido destacado, a entrada de columna a página 9, el jueves pasado, por uno de los periodistas serios que le quedan a Clarín, Daniel Fernández Canedo. Siempre se escapa algo.

- Cuidado con el Ciadi, a donde podría recurrir el Estado español. El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Una entidad y sigla más adecuadas a alguna ocurrencia de Groucho Marx que a un organismo altamente influyente. Depende del Banco Mundial, otro invento de los países ricos para distribuir migajas a cambio de planes de ajuste. De manera que su sentido es proteger a los grandes emporios radicados en las naciones en vías de desarrollo. Brasil no entró a ese engendro, como elemento informativo considerable si se estimara menor que huyeron de él Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y si tampoco alcanzase eso para mensurar su nula o escasa influencia, tómese nota de que ninguno de sus temibles dictámenes perjudicó a país alguno. Si a Repsol se le ocurriese ir al Ciadi y de acuerdo con los antecedentes comprobados, se calcula que, entre el tiempo que llevará pasar por los tribunales argentinos y las apelaciones españolas, andaríamos más o menos por 2020.

- Se afecta la seguridad jurídica de una empresa española, con todo lo que ello podría significar no sólo en términos de intercambio comercial sino también de relaciones institucionales, perjuicio para los españoles de a pie y, ergo, para la amistad entre los pueblos. Repsol es una multinacional, no una empresa española. Y respecto de las necesidades de la inmensa mayoría de los ibéricos, la voracidad y ganancias de la empresa tienen que ver con el pueblo español lo mismo que el culo con la llovizna. Leamos lo escrito por el colega Oriol Malló Vilaplana, en el sitio Público.es: “La llamada reconquista económica española de América latina, iniciada en 1991 con la privatización de grandes empresas públicas argentinas, supuso la irrupción de un nuevo grupo de poder en dicho territorio. Gracias a la cooptación, la corrupción y la seducción, el cartel español ha monopolizado mercados de obras públicas, agua, energía, turismo, medios y telecomunicaciones. La nueva elite neoliberal, formada al calor de Salinas de Gortari, Menem o Fujimori, tomó como bandera la democracia oligárquica española y su milagro económico, hoy en ruinas, mientras Felipe González piloteaba este proyecto de desembarco imperial bajo cobertura política y financiera de los Estados Unidos. Así emergieron, en los ’90, las poderosas redes de la hispanidad que son, hoy, el principal ariete contra el cambio y la soberanía de las Américas (...) El apoyo larvado al golpe de Estado empresarial contra Hugo Chávez en 2002, o la intervención directa en las elecciones mexicanas de 2006 para evitar el triunfo del candidato de centroizquierda Manuel López Obrador (demuestran que) el cartel español construye y reconstruye la historia jamás contada de los nuevos conquistadores, sus aliados locales y los verdaderos amos de la pinza Madrid-Miami”. En el mismo sitio, bajo título de “Por qué España agachará la cabeza con YPF”, David Bollero explica que “España por sí sola no podrá hacer nada. No tiene el peso internacional para hacer ello. Estamos hartos de comprobarlo y esta cuestión no será distinta. Por eso el gobierno busca desesperadamente apoyos externos, habiendo encontrado únicamente el de México. El resto son ambigüedades, puesto que la misma Unión Europea ya habla de conflicto bilateral y la Comisión Europea ha reconocido que ‘la UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a la Argentina’. Tan sólo podría ejercer presión, pero al borde del colapso del euro. ¿Le conviene? O, sencillamente, ¿se atreverá?”. Y termina: “Tras la actitud de gallito peleón, España terminará por agachar la cabeza en el asunto de YPF. Y, siendo honestos, es lo que nos toca. Queríamos capitalismo y nos han dado dos tazas. Nadie es rico si no es a costa de otro. 
Es una máxima que igual sirve para el ámbito doméstico como empresarial, o de relaciones internacionales. Y cuando las tornas se dan vuelta, escuece; pero hay que apechugar porque es el estadio original que nos corresponde. Todo lo demás, artificio”.

A esta altura de la nota, viene quedando afuera –sólo por ejemplo– observar o refutar que los Kirchner fueron noventísticamente decisivos para aprobar la privatización de YPF, o bien que se engulleron remarcar a su tiempo lo que ahora denuncian. ¿Es que siempre es tarde para hacer las cosas? ¿Es que siempre importa más de dónde se viene que hacia dónde se va, o que si es por eso jamás sería posible acometer una acción de gobierno sin que sea condenada? También queda afuera un Axel Kicillof que según los medios de la ultraoposición pareció estar más en una asamblea universitaria que frente a una comisión senatorial, como si nos hubiera ido mejor con los modositos que a lo largo de la historia respetaron la oratoria circunspecta. Y como si, al margen de apreciaciones retóricas, no hubiera tenido un desempeño que dejó sin argumentos a los interpelantes. Más todavía: queda afuera si se podrá demostrar que, además del acto épico de haber recuperado la más estratégica de las empresas, además de haberse animado a lo que ya no se soñaba ni con largas líneas de fiebre, sabrán sacar el petróleo y alterar el paradigma energético. Queda afuera de dónde saldrá la plata y qué intereses afectarán para que salga.

Puede, en principio, quedar afuera el desarrollo de todo eso; o remitirlo a algunas pocas oraciones como las precedentes. Pero ocurre que primero es imprescindible desmontar las pelotudeces, tilingas o corporativas, de que se vale el enemigo para asustar a la gente.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192477-2012-04-23.html

Soberanía y poder

23.4.12


 Por José Pablo Feinmann

La política es como la fe. No hay razones para creer en Dios. No hay razones para no creer en Dios. Dios es indemostrable. Todos esos ejercicios que radican en demostrar su existencia o su inexistencia son banales. En su camino hacia Dios llega un momento en que la razón, impotente, se detiene. El que quiera creer tendrá que saltar. El que no pueda saltar no creerá. El salto es la fe. Es un salto sobre un abismo, un salto sin red. De aquí que la fe no sea la razón. La razón procede por sumatorias que convergen en la demostración de algo. Hay un hilo conductor. Nunca aparece el abismo. La razón construye un camino seguro, sólido. Si pretende demostrar algo sobre Dios se sorprenderá siempre en cierto momento: un abismo se abre ante ella y no puede avanzar. Carece de pruebas empíricas, verificables. Uno de los grandes principios de la razón es la posibilidad de la verificación empírica. Dios no es verificable empíricamente. Ese es el abismo. Ahí, si aparece, se necesita la ayuda de la fe. La fe me permite saltar el abismo de la imposibilidad empírica.

¿Qué pasa con la política? ¿Cómo se toma una decisión? ¿Se tienen todas las variables posibles y se decide en base a ellas? No, jamás se tendrán todas las variables posibles. En la guerra –que, no lo olvidemos, es célebre decir que continúa a la política por otros medios–, ¿cuándo se decide atacar una posición enemiga? Primero hay que evaluar su poder de fuego. Luego el nuestro. Luego compararlos. Si la diferencia es decisiva a favor del enemigo, el ataque no se produce. Siempre la pregunta primera y fundamental es: ¿tenemos las fuerzas necesarias para derrotarlos o para intentarlo con razonables posibilidades de éxito? Aquí (y lamentablemente esto se ha hecho escasamente en América latina) hay que dejar de lado consideraciones laterales como: somos mejores; tenemos ideales, ellos son mercenarios; sabemos por qué luchamos, ellos no; uno de los nuestros vale por tres o cuatro de ellos porque la causa por la que lucha es justa; la justicia de nuestra causa nos hace poderosos; etc. La cuestión debe centrarse en una evaluación racional del poder de fuego del enemigo y del nuestro. Tampoco esto nos dirá jamás con exactitud: ahora, llegó el momento, el triunfo es seguro. No, también aquí hay que saltar. Toda decisión es un salto. Ninguna decisión se toma sobre terreno seguro. Ningún triunfo está asegurado. Pero hay que extremar el análisis empírico hasta donde pueda llegar. El salto puede ser extremo o mínimo. Cuanto más mínimo sea, mejor. En la fe siempre es enorme. Dios está lejos. Es Dios. El enemigo es tan humano como nosotros. Podemos hasta intuirlo.

En 1949, durante el brillante primer gobierno de Juan Domingo Perón, se decide modificar la Constitución de 1853. Perón podía hacerlo. Tenía con él al Ejército, a las masas, a los medios de comunicación (no a todos, pero aun ni los contrarios lo atacaban con furia destituyente: gran palabra incorporada definitivamente a nuestro léxico político por los intelectuales de Carta Abierta), a la Iglesia, a los sindicatos, etc. Convoca a Arturo Sampay. Imposible decir en poco espacio quién fue este patriota, este hombre brillante, acaso el más brillante (junto con John William Cooke) que Perón tuvo a su lado. Nació en 1911 en Entre Ríos (Concordia) y luego de muchas penurias e injusticias fue recuperado, reconocido y exaltado por el gobierno camporista en 1973. Le duró poco: murió en 1977. Se lo considera, con razón, “el padre de la Constitución del ’49”. Para esta encrucijada Perón se rodeó bien: acudió a Domingo Mercante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y al mencionado Sampay, que era hombre de Mercante. Las relaciones de Perón con Mercante habrán de deteriorarse. Pero aún no. Ahora los tenemos –hombro con hombro– trabajando en el poderoso texto constitucional del ’49. La “oposición” intentó siempre reducir este texto al mero intento de la reelección de Perón. Cuando el antiperonismo piensa desde el odio no piensa, odia. La “Constitución de Sampay” es una obra maestra del constitucionalismo. CFK preguntó –en medio de un discurso que dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado– si “en la Constitución de Sampay” figuraba el derecho de huelga. No, y ella lo sabía perfectamente. Fue un hecho histórico. Por primera vez un dirigente peronista señaló una carencia de ese texto constitucional que expresaba a Perón y después a Sampay. Porque la del ’49 es la “Constitución de Sampay”, pero Sampay la hizo porque Perón se la pidió y le dio su apoyo. No reconocer el derecho de huelga debe haber disgustado a Sampay, un jurista que sabía mejor que nadie todo lo que necesita un texto constitucional para ser perfecto. Pero la decisión fue de Perón (y seguramente de Eva Perón): en la patria justicialista no había por qué hacer huelgas. El Estado estaba al servicio de los obreros. Del modo que sea, quedó como uno de sus puntos vulnerables.

Por el contrario, el punto más alto de la Constitución del ’49 está en sus artículos 38 y 40. El primero plantea la “función social de la propiedad privada”. Para el homo capitalista, la propiedad privada no puede ser violada, expropiada o vejada (es decir, extraída de las manos de sus dueños) porque expresa la manifestación objetiva de su libertad. Hegel, en su Filosofía del Derecho, postula que la propiedad privada, en tanto elemento objetal, es la expresión de la subjetividad al volverse objeto. La libertad del sujeto sirve para apropiarse del objeto y encontrar en él la expresión material de su libertad. Así, el homo capitalista –en su afán de apropiarse de las cosas– termina por identificarse por ellas. Este proceso de cosificación ha sido estudiado por Marx, Lukács y Sartre. Sartre (filósofo de la libertad del sujeto) lo hace de modo brillante en la Crítica de la razón dialéctica. (La dialéctica sartreana está lejos de la tradicional dialéctica marxista al no trazar ninguna teleología y constituirse en una dialéctica de la libertad.) “La propiedad privada (postula el artículo 38) tiene una función social y (...) estará sometida a la ley con fines del bien común.” Y el anteproyecto del Partido Peronista (bajo inspiración también de Sampay) dice: “La propiedad no es inviolable ni siquiera intocable, sino simplemente respetable a condición de que sea útil no sólo al propietario sino a la colectividad. Lo que en ella interesa no es el beneficio individual que reporta sino la función social que cumple”.

Pasemos al artículo 40. Este artículo fue incorporado –en 1971– al artículo 10 de la Constitución política del Estado por el gobierno popular de Salvador Allende. Este es el comienzo del artículo 40: “La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo (...) El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar una determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales”. Y ahora –señores– atención: Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
El primer peronismo tuvo una clara base ideológica. Reside en esta Constitución. Se la puede buscar también –más tenuemente– en los Apuntes de Historia militar de Perón y en sus clases de Conducción política. Los actuales nucleamientos jóvenes del peronismo deberán buscar ahí las fuentes del justicialismo. Tanto en el texto de la Constitución del ’49 como en el Anteproyecto de la Reforma de la Constitución (Partido Peronista, Buenos Aires, 1949). También en: Arturo Sampay, Constitución y Pueblo, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1973. Texto que Sampay publica bajo el ala protectora del camporismo. Y –si me permiten– uno de los mejores análisis de la economía peronista está en el libro del militante comunista Juan Carlos Esteban, Imperialismo y Desarrollo Económico, Editorial Palestra, Buenos Aires, 1961. Aconsejo buscar estos textos, publicarlos y estudiarlos severamente y dejar de lado ese fárrago seudofilosófico de La comunidad organizada, texto ante el que se prosternaban en los setenta los Demetrios y Guardia de Hierro, o sea: el peronismo mogólico. Texto que pertenece más –mucho más– a Nimio de Anquín (buena persona, pero católico tomista y discípulo de monseñor Octavio Derisi) que a Carlos Astrada.

El motivo de estas líneas radica (dentro de lo posible) en enriquecer una decisión patriótica de la Administración Fernández de Kirchner. La incansable iniciativa política de CFK sorprendió una vez más al país. No hay nada que decir. Los que se opongan harán el ridículo. Conceptualmente, la medida significa afirmar una vez más la intervención del Estado en la economía. Hace muchos años decíamos: “Los países periféricos no tienen economía, la economía los tiene a ellos. Lo que tienen es la política”. Y Horacio González decía: “El hombre es el centro de la política”. El Estado nacional, popular y democrático es el gran enemigo de la economía de mercado. Habrá que defenderlo. Porque cada medida que se toma debe tomarse en relación con el poder que se tiene para imponerla.

FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-192411-2012-04-22.html

Soberanía hidrocarburífera, declaración de interés público nacional

17.4.12

Proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera

16.4.12

Proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera que se envía al Congreso de la Nación:

Título 1, capítulo único: De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina

Artículo 1º: Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones.
 
Artículo 2º: El Ejecutivo nacional arbitrará las medidas conducentes al cumplimietno de los fines de la presente, con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional
 
Artículo 3º: establécense como principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina los siguientes:
a) la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de crecimiento y desarrollo económico de las provincias y las regiones;
b) la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas;
c) la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales;
d) la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo;
e) la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en la República Argentina con ese objeto;
f) la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado;
g) la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos;
h) la obtención de saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras;
 
Título 2, capítulo único: del Consejo Federal de Hidrocarburos
 
Artículo 4º: créase del Consejo Federal de Hidrocarburos, el que se integrará con la participación de:
artículo a) el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación Federal, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, a través de sus respectivos titulares;
b) la participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los representantes que ellas designen;
 
Artículo 5º: son funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos, las siguientes:
a) promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente;
b) expedirse sobre toda otra cuestión vinculada a los objetivos de la presente ley, y a la fijación de la política hidrocarburífera argentina, que el Ejecutivo nacional somete a su consideración;
 
Artículo 6º: el Consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros, y será presidido y representado por el representante del Estado nacional que el Ejecutivo nacional designe a tal efecto. Dictará su propio reglamento de funcionamiento.
 
Título 3: de la recuperación del control de YPF
 
Capítulo 1: de la expropiación.
 
Artículo 7º: a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.
Artículo 8º: las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF S.A. quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos.
Artículo 8º: las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF S.A. quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos.

La reglamentación deberá contemplar las condiciones de la sesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativas, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada uno de ellas;

Artículo 9º: para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, el Poder ejecutivo nacional por sí, o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la sesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a ellas, a la que se refiere el artículo anterior.

La sesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el estado nacional a favor de los estados provinciales integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones.

La designación de los directores de YPF S.A. que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales, y uno en representación de los trabajadores de la empresa.

Artículo 10º: a efectos de la instrumentación de la presente, y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes de las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia de que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros;

Artículo 11º: el proceso de expropiación estará regido por lo establecido por la ley nº 21.499, y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo nacional;

Artículo 12º: el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley 21499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación;

 
Capítulo 2- De la continuidad operativa


Artículo 13º: a fin de garantizar la continuidad de las actividades de exploración, producción, industrialización y refinación de hidrocarburos a cargo de YPF S.A., así como su transporte, comercialización y distribución y el incremento del flujo inversor para el adecuado abastecimiento de los combustibles necesarios para el funcionamiento de la economía nacional en el marco de lo dispuesto en la presente, el Poder Ejecutivo nacional a través de las personas u organismos que designe desde la entrada en vigencia de la presente ley, ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de dicha norma.

La Comisión Nacional de Valores, en el día de la promulgación de esta ley, convocará a una asamblea de accionistas, a efectos de tratar, entre otros asuntos que se consideren necesarios y relevantes, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y de los síndicos titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes por el término que corresponda.

Artículo 14º: facultase al Poder Ejecutivo nacional y al interventor de YPF S.A. designado por éste, a adoptar todas las acciones y recaudos que fueran necesarios, hasta tanto asuma el
control de YPF S.A., a fin de garantizar la operación de la empresa, la conservación de sus activos, y del abastecimiento de hidrocarburos.


Capítulo 3- De la continuidad jurídica y la gestión de YPF S.A.


Artículo 15º: para el desarrollo de su actividad, YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta en los términos del capítulo 2, sección 5ª de la ley 19550 y
normas concordantes, no siéndole aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades que el Estado nacional o los estados nacionales tengan participación;

Artículo16º: la gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, se efectuará con arreglo los siguientes principios:

a) la contribución estratégica de YPF S.A. al cumplimiento de los objetivos de la presente;

b) la administración de YPF S.A. conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos;

c) el gerenciamiento de YPF S.A. a través de una gestión profesionalizada:

Artículo 17º: YPF S.A. acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de
acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.

Artículo 18º: la presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial;

Artículo 19º: comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Nueva herramienta aumenta la eficacia de las búsquedas en Wikipedia

10.4.12

Se trata de “Swipe”, un prototipo de plug-in que mejora los resultados de exploración ajustándose a la demanda del usuario

Un equipo de investigadores presentará en la próxima conferencia anual World Wide Web de Lyon, en Francia, un nuevo prototipo de plug-in bautizado como “Swipe”, que supondrá un importante avance para las consultas en Internet, al aplicar la búsqueda semántica a la Wikipedia. Con este sistema, lo que se pretende es mejorar los resultados de exploración ajustándose a la demanda del usuario. Las respuestas se extraen de DBpedia, una colección de 3,6 millones de entradas de datos procedentes de las propias páginas publicadas en la enciclopedia online. 

Por Patricia Pérez.


Wikipedia es la enciclopedia en línea más grande del mundo. Fuente: Wikimedia Commons.
 
Wikipedia es la enciclopedia en línea más grande del mundo. Fuente: Wikimedia Commons.
Cada vez se realizan búsquedas más complejas en Internet, frustradas en muchas ocasiones al no obtener la respuesta deseada desde la consulta inicial. Ello se debe en parte a la sobrecarga de información y heterogeneidad de fuentes en la red de redes, por lo que cada vez se hace más necesario contar con métodos de recuperación de información eficientes. Hoy en día, es imprescindible el uso de motores de búsqueda para tal fin, aunque los resultados no siempre son los esperados, variando en función de las palabras clave utilizadas.

Para salvar este escollo, se trabaja en el desarrollo de métodos de búsqueda semántica que, como su propio nombre indica, tratan de aprovechar las propiedades de la semántica (como el estudio del significado de las palabras) para orientar la exploración y así afinar los resultados. Sin embargo, la dificultad de este tipo de búsqueda estriba en que implica una cierta “humanización” de la máquina, al pretender que procese los contenidos de las páginas de Internet, combinándolos y realizando deducciones lógicas.

La pareja de investigadores formada por Maurizio Atzori de la Universidad de Cagliari en Cerdeña (Italia), y Carlo Zaniolo de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos), parece haber desarrollado una herramienta que podría acabar con las temidas palabras clave. Según avanza la revista New Scientist, se trata de un prototipo de plug-in aplicado a la Wikipedia, lo que permitiría a sus usuarios responder a complejas preguntas en las que la mayoría de los motores de búsqueda tropezarían.

Bautizado como "Swipe", por las iniciales en inglés de Searching Wikipedia by example (algo así como buscar en Wikipedia por ejemplos), el software será presentado en su versión demo en la conferencia World Wide Web en Lyon, Francia, foro que se celebra anualmente a nivel mundial para la discusión y el debate sobre la evolución de la web, la normalización de sus tecnologías asociadas y el impacto de las mismas en la sociedad y la cultura.

Modificar el cuadro de información

Con el desarrollo de este programa pretenden convertir en una búsqueda sencilla consultas tan complejas como averiguar qué actrices ganaron premios de la Academia siendo menores de 30 en los últimos 25 años. Para ello, los investigadores desarrollaron Swipe usando MediaWiki, el software en que se sustenta la Wikipedia, pero extrayendo las respuestas de DBpedia, una amplia colección de 3,6 millones de entradas de datos recogidas a partir de las propias páginas publicadas en la mayor enciclopedia de contenido libre para crear una versión web semántica.

Esta información aparece normalmente en un recuadro situado a la derecha de la mayoría de las páginas de la Wikipedia, conocido como Infobox o cuadro de información, en el que se relacionan detalles que ayudan a describir la palabra consultada, tales como fechas, precios, edades, alturas, nombres, lugares, distancias tiempos de ejecución o coordenadas geográficas.

En un nivel muy básico, el objetivo de Atzori y Zaniolo es utilizar esta herramienta a la inversa: Swipe “activa” esos cuadros de información de Wikipedia, permitiendo a los usuarios modificar los datos que aparecen en ellos para realizar de esta forma una nueva búsqueda de aquellas páginas que coincidan con la información alterada.

los profesores muestran cómo utilizar Swipe con la página de Wikipedia de Robbie Williams. Fuente: Swipe
los profesores muestran cómo utilizar Swipe con la página de Wikipedia de Robbie Williams. Fuente: Swipe
Tres pasos

Para ello el proceso consta de tres pasos. En primer lugar, el usuario debe cargar una página ejemplo o modelo en el navegador, es decir, una página representativa de aquello que se está buscando. Así, un usuario interesado en ciudades debe cargar por ejemplo la página de Wikipedia de Boston, aunque valdría la de cualquier gran ciudad. Este paso inicial proporciona el punto de partida para llevar a cabo la consulta real.

Swipe activa ciertos campos de Wikipedia que generan consultas equivalentes pero ejecutadas desde DBpedia. Así, la página ejemplo se parece a la original de la enciclopedia, con la diferencia de que el cuadro de información puede utilizarse y modificarse ahora para introducir los parámetros de búsqueda que definan la consulta.

De esta forma, el usuario especifica la consulta escribiendo en los campos seleccionados del cuadro de información y, a continuación, se realiza la exploración con un simple clic. Swipe devuelve una relación con aquellas páginas de la enciclopedia que respondan de forma más exhaustiva a la consulta realizada.

Atzori pone como ejemplo la búsqueda en Wikipedia de una lista que incluya cantantes norteamericanas menores de 20 años. “Con Swipe en marcha, vaya a la página de cualquier cantante conocido, por ejemplo Lady Gaga, y en el campo donde indica la edad reemplazar 25 por 20, e igualmente sustituir su origen, Nueva York, por América del Norte. El programa convierte eso automáticamente en una consulta a DBpedia que remite a una página con un listado de entradas coincidentes con su búsqueda”, detalla el investigador.

Asimismo, en un vídeo demostración, los profesores muestran cómo utilizar la página de Wikipedia del cantante de pop Robbie Williams para encontrar una lista de músicos llamados Mike que no toquen pop rock –sobrescribiendo su nombre y ocupación, y colocando el no antes del género pop rock–.

Ventajas y limitaciones

El objetivo de los desarrolladores es que Swipe pueda estar disponible “como una opción de Wikipedia algún día”. Aunque el prototipo está en fase experimental, ya tiene seguidores en otras universidades. Es el caso de Nigel Shadbolt, jefe de la web y el grupo de Ciencias e Internet en la Universidad de Southampton en Inglaterra, quien afirma sentirse atraído “por su sencillez y por la forma de emplear los cuadros de información de Wikipedia para crear consultas importantes”.

“Las bases de datos estructuradas como DBpedia representan una base de conocimiento muy rica”, añade, aunque es consciente de la dificultad que entraña su aprovechamiento por parte del usuario de Internet de nivel medio. “Si pudiéramos construir un motor de consulta que fuera utilizable por todos, sería un verdadero éxito”, asegura Shadbolt.

De momento, con Swipe se podrá maximizar tanto la facilidad de uso como el poder de consulta, permitiendo a los usuarios trabajar directamente en las páginas de Wikipedia que abren en sus navegadores. Con ello se da un importante paso “más allá de las capacidades de los motores de búsqueda en la Web, de sus búsquedas orientadas por palabras clave, y hacia una capacidad de consulta mucho más poderosa, hacia la web 3.0 de la que empezó a hablarse hace ya varios años”, destaca Zaniolo.

En el lado negativo, la herramienta tendrá algunas limitaciones cuando haga su debut. Al utilizar DBpedia, aún quedan muchos enlaces por extraer de la enciclopedia en línea más grande del mundo. Además, todavía no puede entender un correcto inglés, por lo que habrá que jugar con los parámetros de la página para obtener buenos resultados.

El surgimiento de la no-ciudadanía

9.4.12


EL PAIS › ANTICIPO DEL LIBRO HISTORIA DE LAS CLASES POPULARES EN ARGENTINA (1880-2003)

En el libro que edita Sudamericana, el historiador Ezequiel Adamovsky presenta una síntesis de las investigaciones más recientes sobre la vida de los sectores populares. Aquí, un fragmento del capítulo dedicado a los cambios a nivel del Estado y los ciudadanos en los ’90.

 Por Ezequiel Adamovsky

Uno de los cambios más evidentes que produjeron las reformas neoliberales fue el del papel del Estado. La premisa del momento era que cada individuo debía proveerse el acceso al bienestar por sus propios medios. Todo lo público debía reducirse; quienes pudieran pagarlo, deberían adquirir en el mercado aquello que necesitaran, incluyendo servicios de salud, de educación y seguridad. Para los demás, la asistencia a cargo del Estado se reduciría a una mínima expresión. 

Así, en estos años se desfinanciaron dramáticamente los sistemas de salud, de previsión y de educación públicos. Las jubilaciones se redujeron a montos insignificantes. La calidad de servicio en los hospitales empeoró notoriamente y lo mismo sucedió con el nivel educativo en las escuelas. La combinación del retiro del Estado con las altas tasas de desocupación y de empleo informal significó que una proporción mucho mayor de las clases populares se quedaron sin cobertura médica. Por los mismos motivos, el acceso a la educación sufrió un proceso similar. Un estudio de mediados de los años ’90 mostró que sólo un 50 por ciento de los jóvenes de los estratos sociales más bajos en edad de asistir al secundario estaba concurriendo a alguna institución educativa. De la mitad que no lo hacía, sólo un 25 por ciento tenía un trabajo, lo que significa que una enorme cantidad de jóvenes pobres no tenía ninguna actividad durante el día que le permitiera progresar o integrarse (...).

Paralelamente, para mantener bajo control el creciente fenómeno de la pobreza y la indigencia, el Estado nacional y los estados provinciales y municipales ampliaron de manera sostenida las políticas de asistencia focalizada. Desde los primeros ensayos con el Programa Alimentario Nacional que Alfonsín lanzó en 1985, hasta los subsidios para desempleados que implementó Menem en su segundo mandato, pasando por las iniciativas que pusieron en marcha diversos gobernadores e intendentes desde mediados de los años ’80, las políticas asistencialistas del Estado se multiplicaron. 

La política social se fue redefiniendo entonces como una cuestión de gestión de las necesidades de diversos segmentos de la población a través de subsidios puntuales o entrega de alimentos. Así, las vías por las que el Estado se ocupó de las necesidades de las clases populares ya no pasaron 
principalmente por la ampliación de los derechos o los beneficios que colectivamente podían reclamar los ciudadanos. La nueva política social procedía más bien identificando los focos posibles de conflicto para otorgar alguna ayuda puntual que los mantuviera encapsulados y bajo control. El horizonte de la eliminación de la pobreza pasó a ser una mera fórmula retórica: más que acabar con ella, al Estado le interesaba gestionarla. Ya no fue la fábrica o el lugar de trabajo el sitio privilegiado por el que pasaba la política social, sino el barrio.

Pero como los planteles de funcionarios y empleados estatales se reducían día a día, las nuevas políticas asistencialistas fueron en general implementadas aprovechando las organizaciones no estatales y las redes informales de autoayuda que ya existían en el mundo popular. No sólo las ONG y las iglesias fueron utilizadas como canal para la asignación y distribución de la asistencia: los militantes sociales y las organizaciones de base también fueron tentados para desempeñar la misma función. En los distritos bajo control de los peronistas, esta estrategia fue particularmente exitosa. 

Las Unidades Básicas y los referentes locales del movimiento se volcaron masivamente a gestionar en cada barrio los recursos que venían del Estado. Aunque algunos consiguieron resistir este proceso, en pocos años muchos activistas de base vieron transformarse su misión y su papel. La militancia social se fue volviendo cada vez más la gestión de las necesidades puntuales del barrio mediante el acceso a la ayuda estatal. La dependencia respecto del Estado contribuyó a despolitizarla, privándola de la posibilidad de plantarse en antagonismo respecto de los políticos y los gobiernos. Con el tiempo, muchos de los líderes “naturales” de los barrios y referentes de base terminaron convirtiéndose en “mediadores” o “punteros” al servicio de la maquinaria asistencialista del Estado. 

La contracara de este mismo proceso fue la rápida expansión del clientelismo, es decir, el intercambio de favores personales (aunque financiados por el Estado) por apoyo electoral. Así, un nuevo entramado político fue articulando y comunicando al Estado con el mundo de las clases populares. Este entramado ya no pasaba tanto por los sindicatos o los partidos políticos, ni mucho menos por las leyes o las instituciones estatales, como por las redes de lazos personales, organizadas territorialmente, que vinculaban a cada barrio con políticos o funcionarios locales, y a éstos con el gobierno central. Los límites entre lo estatal, lo privado y lo partidario quedaron de este modo desdibujados (...).

La “privatización” de partes del Estado en los años del neoliberalismo se manifestó de varias maneras. La vida política comenzó a regirse cada vez más por los principios empresariales. Alfonsín fue pionero en este sentido, al utilizar los medios de comunicación y el marketing para promocionar su candidatura en 1983. Desde entonces, se utilizaron cada vez más los “asesores de imagen” y las encuestas de opinión al modo de los estudios de mercado, para “instalar” un candidato, tal como se hacía con la marca de un producto. Pero la privatización de lo político no se restringió a eso. Aunque los principales grupos empresarios siempre habían condicionado fuertemente las políticas estatales, ahora tuvieron una participación directa en el manejo de la cosa pública. En una de sus primeras medidas de gobierno, Menem entregó el Ministerio de Economía a uno de los grupos económicos más poderosos. La sorpresa y regocijo de los más ricos quedó graficada en la declaración que la millonaria Amalia Lacroze de Fortabat hizo en 1989: “Ahora todos los de la clase alta somos peronistas”. En el plano más bajo, en los barrios, como acabamos de señalar, los recursos del Estado fueron canalizados cada vez más a través de redes clientelares en las que los fondos públicos se utilizaban para fines privados. Entre ambos niveles de la política se habilitaron también conexiones inéditas. El pionero en este caso fue el empresario Alberto Pierri, quien, sin haberse dedicado jamás a la política, se aseguró un lugar como candidato a diputado del PJ a cambio de una jugosa contribución monetaria para la campaña de 1985. Aprovechando los recursos que habilitaba su puesto de diputado, se dedicó desde entonces a armarse una red de punteros propia en La Matanza. 

La agrupación que allí creó se organizó a la manera de una empresa: los militantes fueron rentados y se repartieron cargos públicos sobre la base de la eficiencia de cada cual a la hora de movilizar apoyo político. Con su propio dinero y con los recursos que conseguía a través de su control de la presidencia de la Cámara de Diputados, consiguió comprar la lealtad de una buena cantidad de punteros. Ello le permitió finalmente, en 1991, desplazar al líder peronista que históricamente había gobernado La Matanza, alzándose con el control de la municipalidad. Con el acceso a los fondos del municipio, Pierri expandió su red clientelar y llegó a manejar 480 Unidades Básicas, lo que lo convirtió en uno de los hombres más fuertes del peronismo bonaerense. Su ascenso fue tan veloz y notorio que, desde entonces, varios empresarios aplicaron con éxito la misma receta.

Una forma similar de “privatización” se verificó con la Policía. El hábito de la impunidad que venía del Proceso, el desfinanciamiento de la institución en los años ‘80 y los bajos salarios no hicieron sino acentuar la tentación de usar la autoridad del uniforme para el enriquecimiento personal. Las actividades de “autofinanciamiento” fueron pasando del simple pedido de coimas a quienes desarrollaban actividades ilegales –prostíbulos, desarmaderos, lugares de juego, etc.– a la organización directa de redes delictivas, en particular dedicadas al robo o al tráfico de drogas. Los policías involucrados en ellas se conectaron pronto con autoridades del Poder Judicial y otras del poder político, especialmente en el ámbito local y provincial, de modo de asegurarse la impunidad. 

Las formas de “recaudación clandestina” alimentaron así no sólo a los policías sino también a algunos fiscales y jueces, convirtiéndose asimismo en una de las fuentes de financiamiento de la política clientelar. Esta “zona gris” en la que funcionarios estatales y el hampa se entrecruzaban, se desarrolló especialmente en las regiones más devastadas por las políticas neoliberales, particularmente en el Gran Buenos Aires y las periferias de otras ciudades marcadas por la pobreza, donde la vulnerabilidad de la población fue terreno propicio para la instalación de puntos de expendio de drogas o para el reclutamiento de personas dispuestas a integrar las bandas delictivas. A comienzos de los años ’90, el gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso un pacto con la Policía, por el que les prometía hacer la “vista gorda” frente a sus actividades de autofinanciamiento a cambio de que aseguraran el mantenimiento de niveles aceptables de inseguridad. Desde entonces, la seguridad se volvió prenda de negociación política entre los gobiernos y la Policía. La relativa impunidad así concedida se tradujo en un sostenido aumento en la tasa de letalidad en el uso de la fuerza (es decir, la proporción de civiles muertos por acción policial como porción del total de la población y del total de heridos), cuyas víctimas fueron especialmente personas de clase baja.

Así, extensos segmentos del país –especialmente las zonas urbanas más empobrecidas– se transformaron en lo que un estudioso llamó “regiones neo-feudalizadas”, espacios en los que lo que queda de las organizaciones estatales, devastadas, funcionan como parte de redes de poder privatizadas. Para las clases populares, la ciudadanía perdió allí el significado que pudo haber tenido en otras épocas. En el modelo político que proponía el neoliberalismo ya no existía una dimensión de “ciudadanía social” que involucrara el acceso a derechos básicos garantizados. Para los desempleados o quienes tenían trabajos precarios, los sindicatos ya no ofrecían un canal para incidir colectivamente en la alta política. Los partidos, colonizados por el mundo empresario, mucho menos. Sumidos en la pobreza, los sectores más postergados tampoco podían participar de la vida nacional como consumidores, la manera de “ser parte” que la publicidad presentaba con insistencia creciente. 

El modelo de ciudadanía política que quedaba en pie para los más pobres era una de muy baja intensidad o directamente la exclusión (es decir, no ser parte, una no-ciudadanía).

La carta de Cristina a la Cruz Roja

3.4.12






La presidenta Cristina Kirchner le solicitó al titular de la Cruz Roja Internacional, Jakob Kellenberger, el inicio de "las acciones necesarias para proceder a la búsqueda e identificación de los soldados caídos e inhumados en el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.


"Tengo el agrado de dirigirme Usted, con el objeto de solicitarle el inicio de las acciones necesarias para proceder a la búsqueda e identificación de los soldados caídos e inhumados en el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, con motivo del conflicto armado que tuviera lugar en el año 1982 entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina, en vistas a hacer efectivo el derecho que asiste a familiares y allegados de los fallecidos.

A tal efecto, cabe precisar que conforme indicaciones provenientes de diversas fuentes, se estima que el ejército del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte habría dado sepultura en tumbas individuales y comunes, ubicadas en distintas zonas del territorio en disputa, a una cantidad aún sin determinar de soldados fallecidos con motivo del conflicto bélico mencionado.
Las indicaciones referidas informan que la mayor parte de las tumbas se encontrarían localizadas en el Cementerio Darwin, bajo la leyenda "N.N. Soldado Argentino sólo conocido por Dios", en tanto que no se dispone de información precisa respecto del resto de las inhumaciones y sus identidades.

De este modo, se advierte que, a treinta años de los acontecimientos, los deudos de las personas fallecidas no disponen de información oficial respecto del destino final de sus restos y pertenencias, ni cuentan con el sitio adecuado para dirigir su recuerdo y ofrendas, situación que se contrapone abiertamente con el derecho a conocer la verdad que les asiste.

La plena vigencia de este derecho en virtud de un conflicto armado se encuentra expresamente contemplada por las normas del Derecho Internacional Humanitario, y es invocada tanto por el Estado argentino como por la institución a su cargo en los distintos foros internacionales que atienden asuntos de esta naturaleza.

Por ello, en virtud de la determinación adoptada por el Gobierno nacional de conocer el destino de los caídos en ese enfrentamiento, reconociendo en la institución que preside el ámbito específico para abordar cuestiones como las que aquí se presentan, e invocando el derecho humanitario e internacional que asiste a las familias de los caídos con motivo del conflicto bélico del año 1982, solicito la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, para la implementación de las acciones y mecanismos previstos en la normativa aplicable a la materia."