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"La soja se puede mantener un año o más sin venderse" , Luis Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural

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“Es una difamación que nos ofende”

5.3.14

En esta entrevista, el juez de la Corte Suprema que presidió la comisión que redactó el anteproyecto responde a los cuestionamientos del diputado del Frente Renovador que, sostiene, se basa en “mentiras e injurias”.


 Por Irina Hauser

Mientras el diputado Sergio Massa criticaba una y otra vez el anteproyecto del Código Penal, al que atribuye un efecto favorable a quienes cometen delitos, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni lo acusó de basar su prédica en “mentiras e injurias”, además de “ignorancia”. “Puede criticar lo que hemos proyectado y proponer todas las reformas que quiera, pero no tiene ningún derecho a difamarnos”, dijo a Página/12. Junto con Ma-ssa, ayer, algunos radicales y Eduardo Duhalde se sumaron a la oleada que intenta simplificar un complejo debate penal. Zaffaroni, quien comandó la comisión que entregó el anteproyecto a Cristina Kirchner, contesta las críticas y señala las razones para la reforma.

–Las críticas de Massa se han centrado que una cierta cantidad de delitos “son excarcelables” en el anteproyecto del Código Penal que ustedes entregaron. ¿Es así?
–La prisión preventiva y las excarcelaciones son cuestiones que regulan los códigos procesales penales y no el Código Penal. Así fue siempre y seguirá siendo por imperio constitucional. Los códigos procesales son provinciales. Massa es diputado nacional y es bueno que sepa que sólo puede legislar en materia excarcelatoria para el Código Procesal federal, pero no para los delitos del orden común, que los juzgan las Justicias provinciales. Además, eso se está discutiendo con el nuevo proyecto de Código Procesal en el nivel federal.

–La idea que se busca instalar es que nadie va a ir preso o a lo sumo entra y sale por “la puerta giratoria”.
–La afirmación de que hacemos excarcelables todos los delitos significa, para el ciudadano zapatero que escucha, que cualquier sujeto que mató a toda la familia será indagado y que el juez lo puede mandar a la casa mientras se hace el proceso. Además, de que es una barbaridad, es una difamación que nos ofende y no una crítica. El ciudadano zapatero que lo escuche tiene todo el derecho a creer que somos cinco dementes irresponsables. Massa tiene el derecho a criticar lo que hemos proyectado y a proponer las reformas que quiera, pero no tiene derecho a difamarnos y a afectar nuestra dignidad profesional.

–¿No es bueno que se discuta ampliamente un Código Penal?
–Massa puede estar con Giuliani y la mano dura y sostener que hay que meter en la cárcel a cualquiera que haya cometido hasta el más ínfimo de los delitos, lo que será una discusión ideológica que la responderemos en el terreno ideológico. También tiene derecho a señalarnos lo que considere errores, pero no tiene derecho a mentir descaradamente. Todos tenemos muchos años de actividad profesional, hemos trabajado un año y medio los cinco, somos conscientes de que nuestra obra no es perfecta (como ninguna) y la discusión pública la consideramos necesaria, pero en su momento, cuando el texto esté publicado, y no en base a mentiras, a injurias y con un texto que es producto de algún colaborador infiel que hizo circular un borrador y que, al parecer, Massa ni siquiera leyó.

–¿Qué criterios han utilizado para subir o bajar penas?
–El monto de una pena se establece por la jerarquía del bien jurídico que lesiona, lo que da el grado de reprobación social del delito. El máximo bien jurídico es la vida. De allí se proporcionan, pero no puede ser que tenga más pena secuestrar a alguien que matarlo. De allí, se trata de proporcionar. Además, bajar uno o dos años en una pena alta no tiene ningún efecto sobre la realidad. Sólo un ingenuo puede creer que quien va a cometer un hecho grave antes agarra el código como el que va a un restaurante, lee el menú, y si en vez de 18 años tiene 20 de máximo no lo comete.

–¿Es legalmente posible juntar firmas o hacer una consulta popular para frenar el proyecto?
–La iniciativa popular en materia penal está prohibida conforme al último párrafo del artículo 39 de la Constitución nacional, de modo que su juntadera de firmas no es más que un acto de campaña publicitaria. Sería bueno que leyese la Constitución un poco.

–Otro punto que ha generado comentarios es que no hay prisión perpetua posible, sino un tope de 30 años de cárcel.
–La pena de reclusión desapareció en los hechos desde 1958. Eran las viejas penas “infamantes”, cuando los presos picaban piedras. Su desaparición definitiva la da la ley de adecuación del Estatuto de Roma, que claramente dice que cuando el tratado dice “reclusión” debe entenderse en la Argentina como “prisión”. Esa ley establece la pena para el genocidio en 30 años máximo. La pena perpetua nunca existió en la Argentina. Desde 1921 y hasta la reforma “Blumberg” nuestra pena “perpetua” habilitaba la libertad condicional a los veinte años.

–¿Cuál es el criterio en otros países de la región?
–Treinta años es un límite que responde más o menos a la mejor legislación comparada del mundo civilizado. En Brasil, por ejemplo, es el límite desde 1890. Por otra parte, si el genocidio tiene 30 años de pena, cabe suponer que no puede haber un delito más grave.

–El anteproyecto introduce un sistema de penas alternativas a la cárcel, los críticos dicen que “beneficia a los delincuentes”...
–La ley vigente permite la libertad condicional, que cuando es concedida el sujeto desaparece, sólo tiene que ir a firmar una vez por mes. Lo que se haría en iguales períodos en caso de delitos graves es sustituirla por penas no privativas de la libertad convenientemente controladas. Además del cumplimiento efectivo de los dos tercios (que en caso de pena de 30 años serían 20 años, igual que ahora), si se trata de delitos de lesa humanidad o contra la vida, la integridad corporal o la libertad sexual, el juez estaría obligado a requerir un informe previo de una comisión plural acerca de la confiabilidad de la persona. Si bien el informe no es vinculante, creo que pocos jueces harían lugar al reemplazo en contra de la opinión de los expertos.

–Si se aprueba el código, ¿hay presos que van a poder recuperar la libertad con penas sustitutivas?
–No, no egresarán muchos presos, porque desaparece la libertad condicional que lo suelta y no lo vemos más. Sólo queda la probation. Saldrán más o menos los que ahora salen por libertad condicional, pero con penas alternativas, controlados. No es la libertad del sujeto, sino el cumplimiento de otras penas y todas deben cumplirse hasta el agotamiento de la condenación. Estoy seguro de que en caso de sancionarse el texto proyectado muchos presos elegirán que no se les aplique, porque los beneficia más la libertad condicional vigente.

–¿Cómo se controlará el cumplimiento de las penas alternativas?
–Las penas no privativas de libertad están en todos los códigos modernos y se controlan con inspectores y asistentes, que sería bueno que dependiesen del Poder Judicial, del juez de ejecución penal.

–¿No va a haber ninguna modalidad de registro de reincidencia?
–No desaparece ningún registro de antecedentes. El juez solicitará todos los antecedentes penales hasta los diez años antes, como en el código vigente. Más, en caso que el nuevamente condenado haya estado cumpliendo una pena de prisión en algún momento de esos diez años o haya sido sometido a una probation en igual período, no podrá otorgársele una nueva probation. Siempre que se trate de sustituir la prisión, el juez podrá pedir los antecedentes para valorar la confiabilidad del que pide la sustitución. La única diferencia es que se le ordena al juez que valore la reincidencia en cada caso, no se le impone mecánicamente. Hoy puede gozar de libertad condicional un genocida, pero no quien haya cometido dos delitos de poca monta.

–Por los comentarios críticos daría la impresión de que es muy revolucionario, ¿es así?
–Es revolucionario porque lo que tenemos es un caos total, pero en sí mismo el texto es conservador.

–Hace unos días usted dijo que hubiera hecho otra cosa.
–Alguno observará que hay disposiciones que no coinciden con lo que sostengo en mis trabajos. Así es porque es producto de consenso: necesitamos un Código Penal. Hemos actuado en ese sentido con amplia responsabilidad, sabiendo que lo mejor podría ser enemigo de lo bueno. Nadie agitó diplomas y todos actuamos con humildad ante la necesidad. La legislación caótica que tenemos confunde a los jueces y da lugar a sentencias contradictorias. Los cinco sabíamos que ante el caos y la inseguridad debíamos ponernos de acuerdo. Lo discutimos, artículo por artículo, en reuniones semanales durante un año y medio.

El camino boliviano

10.2.14

Acaban de cumplirse ocho años de la asunción del primer presidente de origen indígena en Bolivia, que marcó el inicio de la conformación de un Estado Plurinacional. 

Fernando Mayorga, uno de los principales analistas de este proceso, explica cómo fue posible su construcción, cuáles son los nuevos actores de la escena política y de qué manera se amplió la democracia participativa. Las tensiones entre nacionalismo e indigenismo. Los dilemas que enfrenta ahora el gobierno de Evo Morales.
 Por Natalia Aruguete

El 22 de enero de 2006, Evo Morales se constituyó en el primer presidente indígena de Bolivia. Años después, la instauración de un Estado Plurinacional, con la nueva Constitución sancionada en 2009, fortaleció los niveles de democratización y participación de la ciudadanía. El reconocimiento del pluralismo atravesó los ámbitos jurídico, lingüístico, económico y político. Sin embargo, la relación Estado-ciudadanía no quedó librada de contradicciones. Reivindicando la consolidación de una democracia representativa, participativa y comunitaria, el politólogo boliviano Fernando Mayorga dialogó con Página/12 sobre los dilemas que arrastra la construcción del modelo estatal boliviano y la tensión existente entre nacionalismo e indigenismo en el marco de este proceso.

–¿Qué rasgos caracterizan el proyecto político que se abrió con el gobierno de Evo Morales? ¿Qué lo diferencia de los anteriores? –Es un proyecto político que se despliega desde el año 2005, y particularmente desde el 2009, cuando se aplica la nueva Constitución. Es un proyecto político que está tendido en una contradicción entre nacionalismo e indigenismo. En el 2009, la Constitución instauró el Estado Plurinacional, reconociendo a diversas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En términos discursivos, se construyó un nuevo sujeto portador de derechos colectivos. Es una palabra bien complicada.
–¿Por qué? –Son catro términos para designar a un sujeto en el reconocimiento del pluralismo en diversos órdenes. Pluralismo jurídico, pluralismo lingüístico, pluralismo económico y pluralismo político.
–¿En qué se expresan? –El pluralismo jurídico se expresa en el reconocimiento de dos jurisdicciones, una ordinaria y otra indígena, con el mismo rango. Las prácticas, procedimientos y costumbres de las comunidades indígenas son formalizados como mecanismos de resolución de conflictos. El pluralismo económico se expresa en el reconocimiento de cuatro formas de propiedad: privada, pública, cooperativa y comunitaria.
–¿En qué se diferencia la comunitaria de la cooperativa? –En que la cooperativa no tiene base territorial indígena, tiene lugar en el nivel urbano. Existe particularmente en el sector de la minería, donde los ex trabajadores mineros que fueron despedidos en el período de la caída de precios de los minerales o con las políticas de privatización, se asociaron para la explotación minera y formaron cooperativas en condiciones paupérrimas, de supervivencia. En Bolivia, hay 400 mil de esas cooperativas. Esto significa el reconocimiento a un sector que fue muy importante en las movilizaciones sociales y políticas que llevaron a Evo Morales al poder. En cambio, la comunitaria es más rural y campesina. Es una economía basada en la reciprocidad, en la circulación de ayuda comunitaria para la producción agrícola más que en la producción dirigida al mercado, y tiene fuertes rasgos culturales tradicionales.
–¿Cuáles son esos rasgos? –La producción comunitaria está ligada a una forma de organización del poder interno con rotación, la toma de decisiones se da mediante asamblea. Eso que siempre fue parte de la economía boliviana ahora está formalizado. El tema es que con esta revolución democrática todo ese mundo indígena ahora pasa a formar parte del orden constitucional del país, en términos reales y legales. El problema lingüístico se expresa en el reconocimiento de más de tres decenas de lenguas nativas que ahora son idiomas oficiales, junto con el español. No solamente el quechua y el aymara, que corresponden a los grandes conglomerados indígenas, sino también otras treinta lenguas de tierras bajas. El pluralismo cultural supone un reconocimiento de las culturas originarias en todas sus facetas, de manera que se pueda expresar la bandera indígena tanto en tierras bajas como en las que no lo son, que está incorporada como símbolo oficial.
–¿Y el pluralismo político en qué se expresa, concretamente? –El pluralismo político tiene una expresión particular. A diferencia de Ecuador y Venezuela, que han incorporado en sus constituciones a instituciones de la democracia representativa para ampliar la democracia participativa, en Bolivia, además de incorporar esas formas de democracia participativa –como el referéndum– se ha incorporado también la asamblea, el cabildo y la consulta previa.
–¿Qué características tienen esas instituciones? ¿En qué se diferencian de la democracia participativa? –Además de la democracia representativa y participativa, también se reconoce la democracia comunitaria. A esa combinación de las tres la denominamos “modelo de democracia intercultural”. En tanto que modelo de democracia, el correlato del Estado plurinacional es la democracia intercultural. Consiste en que el cinco por ciento de los diputados es indígena. De hecho, la discusión es si ello debería incrementarse a quince o a treinta y seis.
–¿Quiénes están dando esa discusión? –Los indígenas. Se ha hecho el nuevo censo de población y vivienda el año pasado y sobre ese mapa demográfico se va a discutir esa proporción. Es un tema de decisiones políticas. El punto es que tú tienes un porcentaje de diputados que son elegidos por su pertenencia identitaria. Punto. Lo importante es que se hace eso sin provocar una situación de dualismo representativo. Bolivia tiene el Parlamento bicameral, en diputados tenemos este porcentaje de indígenas, hay nueve gobiernos departamentales, en las asambleas departamentales hay cuotas étnicas que pueden ser de cinco, diez o quince por ciento. En algunos casos, elegidos por usos y costumbres. Tú tienes representación vía identidad étnica en el Parlamento, en Diputados y en las Asambleas departamentales. En todo. A nivel municipal, se da desde mucho antes, desde 1995. Además, hay tres niveles de gobierno subnacional: el departamento, el municipio y la autonomía indígena. De los 367 municipios, en quince se votó en referéndum su transformación en autonomía indígena: ganaron 11.
–¿Dónde reside la dimensión nacionalista en este nuevo esquema de la democracia boliviana? –Está en este retorno del Estado como protagonista, que se nutre de una experiencia nacionalista que viene de la revolución de los años ’50. En Bolivia, la ideología más poderosa es el nacionalismo revolucionario surgido de la revolución de 1952. Es tan poderosa que de allí nació el campesinado y el sindicalismo campesino, donde se inserta Evo Morales. En esta figura de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tú tienes la combinación de tres movimientos.
–¿Cuáles? –El movimiento indígena de tierras altas del Altiplano, relacionado con el imperio incaico y el tiahuanacota. Los indígenas de tierras bajas, los de la Amazonia que son nómadas, cazadores y recolectores en su gran mayoría, se llaman a sí mismos “pueblos indígenas”. Son campesinos propietarios privados con acceso a la tierra desde el ’52, cuando tuvo lugar la revolución agraria. Una vez que se empieza a implementar la Constitución política, que reconoce derechos colectivos, empiezan a aparecer las tensiones, las contradicciones.
–En el marco de esta ampliación de la democracia en Bolivia, producto de reivindicaciones sociales que consolidaron el triunfo de Evo Morales, ¿cómo ve hoy la relación entre Evo y esos sectores? –En el caso “Tipnis” (la marcha indígena contra la construcción de una carretera) aparece una contradicción entre un objetivo estatal de integración territorial –y, por tanto, de ejercicio de soberanía estatal– y un derecho colectivo de los pueblos indígenas que dicen: “respeten nuestro territorio”. O ¿quién decide sobre el uso del territorio? Ahí el MAS opta por la vertiente nacionalista: privilegia lo estatal respecto del derecho colectivo indígena.
–¿Por qué? –Por una cuestión muy simple: en ese proyecto político prevalece una lógica de construcción estatal. En Bolivia tienes el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, que incluye el autogobierno, y derechos que se ejercen territorialmente. Con el siguiente panorama: la mayoría de la población es campesina indígena, con casi dos tercios del territorio bajo demanda de conversión en territorio indígena, dado que un tercio de los municipios tiene mayoría indígena y, además, las tierras comunitarias de origen donde son privilegiados los indígenas. Si haces prevalecer esos derechos colectivos sobre sus territorios, estaríamos en una situación de soberanía estatal que no tendría potestad ni autoridad sobre dos tercios del territorio boliviano. Entonces, prevalece la razón de Estado, la idea de nación. Allí es donde se producen estas contradicciones. El movimiento indígena promueve la Asamblea Constituyente, un nuevo orden constitucional, logra que se reconozcan los derechos colectivos, amplía la ciudadanía con sistemas de derechos, están en el centro de todo el ordenamiento jurídico boliviano. Sin embargo, entran en contradicción. Una tendencia común a cualquier Estado que busca la unificación.
–En su libro Dilemas, usted habla de los “dilemas” que enfrenta hoy el gobierno de Evo. ¿Podría nombrar los más importantes? –El dilema general que cruza el discurso político del MAS se relaciona con la orientación del propio proceso de construcción del modelo estatal, se da entre nacionalismo e indigenismo. Cuánto de nacionalismo –es decir, cuánto de Estado– y cuánto de indigenismo –de la vigencia de los derechos colectivos–, que ha sido parte medular de la nueva Constitución y son la razón de ser del Estado. Esto tiene varias consecuencias.
–¿Como cuáles? –Por empezar, sobre la organización vertical del Estado, toda vez que la Constitución reconoce un Estado descentralizado políticamente a través de gobiernos subnacionales que tienen autonomía y asambleas legislativas de la misma categoría. El Estado boliviano reconoce autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional y autonomía indígena. El dilema reside en que el diseño de descentralización para la gestión está concentrado.
–¿En qué sentido? –En el sentido de que refuerza el centralismo gubernamental, porque el MAS concentra el poder político e impide que se vaya implementando el régimen de autonomías más rápidamente. El presidente Evo Morales ha definido una estrategia del modelo de desarrollo que es muy sugerente: la Agenda Patriótica del Bicentenario plantea trece metas de desarrollo. Las tres primeras son las más importantes, porque se relacionan con rezagos históricos y estructurales de la sociedad boliviana: eliminación de la pobreza absoluta, acceso universal a servicios básicos y seguridad alimentaria. Allí hay un dilema para el proyecto, porque un sector del gobierno ha propiciado un discurso muy centrado en la descolonización, asumiendo que las distintas formas de Estado antes del 2009 correspondían al Estado colonial. Sobre ello, el discurso del MAS en la Asamblea Constituyente se basó en la idea de una refundación de Bolivia. Cuando Evo Morales dice “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, está afirmando la necesidad de una mirada de continuidad histórica, es decir, se pone una meta que se cumpliría en 2025 para recordar el nacimiento de la república. Eso significa una modificación en la visión respecto del intento de revisión histórica que negaba el pasado como negativo, como manifestación del colonialismo interno.
–¿Por qué se da este cambio idiosincrático? –Porque se aferra cada vez más al nacionalismo revolucionario para definir la reorientación del modelo estatal. El nacionalismo revolucionario implica no solamente una visión del Estado o un tipo de interpelación al pueblo, sino además una interpretación del proceso histórico. Entonces se recupera una idea basada en la dicotomía Nación y anti-nación.
–Cuando mencionó la Agenda Patriótica, usted aludió a una revisión histórica. –Claro, al definirla como prioridad de su gestión y poner como horizonte el 2025, está recuperando la idea de continuidad histórica que antes no tenía. Para cumplir esas metas, el MAS debe propiciar el fortalecimiento de las autonomías, sobre todo las departamentales, que tienen las atribuciones y están habilitadas para cumplir esas tareas. El gobierno central no puede hacer esas tareas. Es una idea centralista que debe convivir con una agenda patriótica que exige fortalecimiento de la descentralización política. Ese nivel subnacional departamental es donde el MAS tiene menor fuerza; en algunas regiones ha perdido las elecciones. Allí observo otro dilema, ya que propiciaría espacios favorables a la oposición, lo que tendría una consecuencia en el proceso político boliviano.
–¿Cuál cree que es la concepción de pluralismo que tiene el MAS? –Para el MAS, el pluralismo que reconoce la Constitución se da en términos de manifestación de la diversidad étnico-cultural. La Constitución reconoce pluralismo jurídico, económico, lingüístico, cultural y político. Los cuatro primeros están clarísimos, además se traduce en instituciones. En cuanto al pluralismo político, ellos consideran que se expresa en lo que se denomina “democracia intercultural”: la convivencia de instituciones de la democracia representativa, de la democracia participativa y de la democracia comunitaria. En Bolivia hay una tensión entre el grado de ampliación de la democracia con concentración de poder.
–¿En qué se traduce esa tensión? –Buena parte del derrumbe de los sistemas de partidos en Bolivia, Venezuela y Ecuador tuvo que ver con la pérdida de legitimidad. Vinieron nuevos liderazgos. En Bolivia se trató de un nuevo liderazgo y nueva fuerza política, con la incorporación de nuevos actores y nuevas demandas en la política. Hay una profunda renovación que amplía la legitimidad. Eso va acompañado por una concentración del voto que permite que el proceso decisional esté en manos del MAS. En esta fase de la construcción del Estado plurinacional estamos bajo esa figura: el MAS controla las dos cámaras, tiene el control en siete de nueve gobernaciones y el 85 por ciento de los municipios.
–En el marco de esta concentración del poder, usted mencionó cambios en las pautas de participación, una ampliación de la participación de, por caso, las mujeres.
–Se concentra el poder en el MAS, que es el partido hegemónico. Ahora, dentro del MAS como partido de gobierno hay una renovación de las elites políticas en Bolivia, donde sobresale la presencia del campesinado indígena y las mujeres, muy claramente. En los dos casos, hay reglas que promueven e incentivan eso. En el caso de las mujeres, se ha pasado de la igualdad a la equidad de oportunidades. Actualmente, hay mujeres que son presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores, se ha llegado a tener la mitad de ministras mujeres, algunas de ellas, también campesinas e indígenas. La presencia campesina es muy evidente en las esferas gubernamentales y en los espacios de representación. Esos son los actores que más visiblemente han ingresado en la política y, además, lo hicieron como actores decisivos.
–¿Con qué instrumentos cuenta hoy el Estado para regular el mercado, otra dimensión también en tensión?
–La capacidad regulatoria del Estado es muy débil. Lo que tiene, sin embargo, es un manejo adecuado de la estabilidad macroeconómica, relacionado con la generación de excedente económico por la exportación de hidrocarburos y minerales. Eso sostiene la economía boliviana y le da al gobierno de Evo Morales la capacidad de disponer de recursos para ejecutar políticas redistributivas. Hay problemas con la atracción de mayor inversión, no tanto por la política, como era antes, sino por la propia debilidad y falencias del Estado boliviano. En algunos casos le fue imposible regular el mercado. Un ejemplo ilustrativo fue el intento de elevar el precio de la gasolina, en diciembre de 2010. Ese intento de regular el mercado para eliminar una subvención derivó en una protesta popular que incluyó a los aliados del gobierno. Por lo tanto, esa medida no fue posible hasta la fecha. Además del gasolinazo, se dio el movimiento indígena con la famosa carretera del Tipnis, ocurrió con el sector de salud ante la pretensión del gobierno de ampliar la labor de los médicos de 6 a 8 horas. Todos esos episodios implicaron la apertura de espacios de negociación o búsqueda de soluciones de otra índole.
Fuente: Diario Página 12

La jubilación mínima y el 82% móvil

6.2.14

El haber mínimo se ubicará a partir del 1 de marzo próximo en 2.757 pesos, lo que significará que esta jubilación se ubicará a menos de 5,5 puntos porcentuales de alcanzar el tan ansiado 82 por ciento móvil.

 
Con el aumento anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de llevar el mínimo de los pasivos de 2.477 a 2.757 pesos, esta jubilación significará 76,58 por ciento del salario mínimo fijado en 3.600 pesos a partir del mes pasado.

Esta diferencia entre la jubilación y el salario mínimo será -así- la más baja, tras el breve período que por ley existió el 82 por ciento móvil, entre 1958 y 1962.

Mucho tuvo que ver en todo esto la Ley de Movilidad Jubilatoria, sancionada en 2008 a instancias de la Presidenta, que estableció dos aumentos anuales, los cuales, desde ese momento y hasta la fecha, acumularon un incremento de 299,56 por ciento.

Precisamente en 2003, la jubilación mínima era de 150 pesos, y apenas iniciado su mandato, una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Néstor Kirchner fue subir esa cifra a 220 pesos, lo que significó un incremento superior al 46 por ciento.

Desde ese momento, los aumentos se fueron sucediendo a través de decretos, llevando el haber mínimo a 308 pesos a fines de 2004; 390 antes del cierre de 2005 y 470 para mediados de 2006.

Los decretos continuaron en 2007 elevando la mínima a 596,25; y en 2008 para subirla a 690.

A partir de 2009, ya con la Ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria en marcha, que estableció dos incrementos anuales, el haber más bajo aumentó a 827,23 pesos ese año; a 1.046,43 al año siguiente y a 1.434,29 en 2011.

Antes que se aplicara el primer aumento por la Ley de Movilidad, la jubilación mínima representaba el 55,64 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, ubicándose a más de 26 puntos porcentuales del 82 por ciento.

Cuando comenzó la aplicación de la legislación, los jubilados del escalón más bajo pasaron a cobrar 770,66 pesos, ubicándose en 62,15 por ciento del salario mínimo.

Apenas dos años más tarde, en marzo de 2011, cuando el Gobierno anunció que el haber mínimo subía a 1.227,78 pesos, se acercó aún más colocándose en el 66,72 por ciento.

A comienzos de 2012, el escalafón inferior de los pasivos pasó a percibir un haber de 1.684 pesos, que significaba 73,34 por ciento del salario mínimo.

Y a principcios del año pasado, ese segmento, que percibía 2.165 pesos, achicó más la brecha, representando 75,3 por ciento del sueldo mínimo.

De esta manera, en apenas cinco años y gracias a la Ley de Movilidad, la diferencia entre la jubilación y el 82 por ciento del salario mínimo se recortó en casi 21 puntos porcentuales, para quedar a 5,42 puntos.

De continuar esta tendencia, en poco tiempo más se alcanzaría el tan ansiado piso establecido por el gobierno de Arturo Frondizi.

Fue justo un 17 de octubre, de 1958, cuando se publicó en el Boletín Oficial la Ley 14.499, cuyo segundo artículo fijaba para las jubilaciones el 82 por ciento móvil de los salarios.

Sin embargo, cinco años más tarde el diseño de un nuevo sistema fue suspendido, y en 1969, derogado.

Así, ese 82 por ciento móvil para las jubilaciones pasó a ser un reclamo histórico de las fuerzas políticas populares: hoy, a casi medio siglo de haber sido suspendido, está cada vez más cerca de ser nuevamente una realidad para los jubilados.

La desigualdad importa

8.1.14


La explosión de las desigualdades

 Por Bernardo Kliksberg

Los ultra ricos

El 2013 fue un año mediocre para la economía mundial, muy difícil para los hambrientos del mundo, los jóvenes desocupados y las clases medias en caída en Europa.
Pero fue nuevamente muy bueno para los billonarios. Según Bloomberg, los 300 mayores aumentaron sus fortunas en 524 mil millones de dólares, 1746 millones de dólares promedio cada uno.
Como sus fortunas crecen cada vez más, la desigualdad crece.
Así lo informan algunos de los bancos que los atienden. Según el Global Wealth Report 2013, del Credit Suisse Group, el uno por ciento más rico tiene ya el 46 por ciento de los activos mundiales. El 50 por ciento de menores ingresos, el uno por ciento.
Otro banco suizo, el UBS, produjo el World Ultrawealthreport 2013. Llama ultra ricos a los que tienen más de 30 millones de dólares como mínimo. Son 200 mil. Tienen un promedio de 139 millones de dólares. Subieron su patrimonio el último año en dos trillones, más que el Producto Bruto de la India.
Especialista en lujo, Gillon dice: “Lo que ganaron sólo este año les permitiría comprar todos los relojes suizos hechos en los últimos 50 años o pagar las suites de lujo disponibles en el mundo por todas las noches de los próximos 30 años”. Preocupado por venderles, informa que el 32 por ciento de su riqueza es líquida, y que “la paradoja es que tienen el dinero, pero necesitan inspiración y educación para el consumo de lujo”.
Frank escribió Richistan (2007). Siguió a las familias de ultra ricos y concluyó que “las familias de los ultra ricos, vengan del país que vengan, tienen más en común entre sí que con los vecinos de su país”.
Christie Freeland entrevistó a los muy ricos y publicó Plutócratas. El ascenso de los superricos y la caída de todos los demás (2013).
El uno por ciento más rico tenía en 1970 el 10 por ciento del ingreso americano y ahora, el triple. Se estima que 93 por ciento de las ganancias en la recuperación posterior a la crisis del 2009/10 fueron al uno por ciento más rico de EE.UU.
Freeland narra que la mayoría de los muy ricos que entrevistó viajaban el 50 por ciento del año. También, entre otras historias de sus “gastos”, narra el caso del dentista de súper ricos al que envían el jet para que venga a atenderlos.

La desigualdad importa

La 1/35.000 ava parte de la población tiene cerca de la mitad del producto bruto mundial. Tres mil millones de pobres, ingresos anuales de 730 dólares. Ambas cuestiones están interrelacionadas, que es lo que omite la crónica usual sobre los billonarios.
Obama llamó a la desigualdad (4/12/13) “el desafío que definirá nuestro tiempo”. Señaló que piensa dedicar el resto de su presidencia a reducirla. Mostró que un niño que nace en el 20 por ciento más pobre tiene una posibilidad en 20 de llegar al tope. Pero uno que nace en el 20 por ciento más rico, tiene un 66 por ciento de posibilidades de permanecer allí.
The New York Times editorializa que lleva “a recesiones más frecuentes, más endeudamiento en los hogares, y más cinismo y desesperanza”.
Entre las prácticas que la han acelerado están la degradación del salario mínimo y promedio, la acción monopólica, la especulación financiera y la elusión de impuestos por las transnacionales.
Los grandes intereses económicos no se dedican sólo a viajar, procuran defender el statu quo. The New York Times (28/12/13) refiere la “labor” de Craig Pirrong, profesor de Finanzas en la Universidad de Houston: “Mientras las empresas de energía y los intermediarios consiguieron fortunas comprando y vendiendo petróleo y otras materias primas, se posicionó como el duro defensor de los especuladores financieros... y rutinariamente ha dejado fuera de sus pronunciamientos públicos en favor de la especulación que ha tenido beneficios financieros de especuladores”. Otro de los defensores más citados de la especulación en los mercados agrícolas es Scott Irwin, de la Universidad de Illinois. Los montos especulativos pasaron de 13 billones en 2003 a 317 billones en 2008, e influyeron en la distorsión de precios, con efectos sobre el hambre de millones. Cuando se les preguntó a ambos profesores sobre sus vínculos financieros con los especuladores, dijeron que eso no influía en sus opiniones.

Algo pasa en América latina

En Centroamérica, 1025 millonarios tienen 137 mil millones de dólares. Son el 0,041 por ciento de una población de 43 millones de habitantes, con la mitad en pobreza extrema y 7,7 millones de desnutridos (El País, 29/9/23). Según el Informe del UBS, en Guatemala los 245 ultra ricos aumentaron su patrimonio de 28 mil a 30 mil millones de dólares en 2013. La cifra de desnutrición infantil sigue estacionada en el 48 por ciento. Mueren 20 madres cada 100 mil nacidos vivos (en Canadá 8) y sólo terminó la secundaria el 12,6 por ciento de las mujeres y el 17,4 por ciento de los hombres.
En Honduras hay 215 ultra ricos, que también subieron sus fortunas de 28 a 30 mil millones de dólares en 2013. Como los de Guatemala, pagan muy pocos impuestos. Mueren 100 madres cada 100 mil nacidos vivos y sólo termina la secundaria el 20,7 por ciento de las mujeres y el 18,8 por ciento de los hombres.
Algo está cambiando en América latina, porque el informe sobre los ultra ricos dice que “es la única región en donde bajaron en número y en patrimonio”.
Tienen “viento de cola” en contra, el reclamo masivo de los pueblos por equidad, en el que se han apoyado en países como Brasil, Argentina, Uruguay y otros las enérgicas políticas de protección social, suba de los salarios mínimos, apoyo a las pymes, regulación estatal y otras que ponen límites a la “ultra riqueza”.
Uno de sus efectos principales, al reducir la desigualdad, es que mejoran la calidad moral de la sociedad.
Así pensaba el padre de la economía de mercado, Adam Smith, que escribió en 1756: “La disposición a admirar y casi idolatrar a los ricos y poderosos, y despreciar a las personas de condición pobre y humilde, es la más grande y universal causa de corrupción de nuestros sentimientos morales”.
* La nueva obra del autor es Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad (2013).

Europa le quita a la Argentina beneficios comerciales

3.1.14


Comercio sin preferencias

La Unión Europea excluyó a 87 países de su sistema de estímulos a la importación, por considerarlos de ingresos medios-altos. Argentina, Brasil y Uruguay resultaron afectados, aunque en el caso local el impacto sobre las ventas será bajo.


La Unión Europea reformuló su Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y excluyó a 87 países, entre ellos Argentina, Brasil y Uruguay. La decisión de eliminar los beneficios comerciales para un conjunto de economías, consideradas por el bloque europeo de ingresos medios-altos, había sido tomada en octubre de 2012. 

Desde Cancillería afirman que el impacto sobre las ventas argentinas a Europa será reducido. Dos años atrás, Estados Unidos eliminó al país del listado de beneficiarios de su esquema de preferencias. Esa decisión implicó que empresas exportadoras, principalmente de commodities, dejaron de recibir un beneficio que en 2011 había ascendido a sólo 18 millones de dólares. En el Mercosur, el recientemente reincorporado Paraguay es el único país que conservará los beneficios. El bloque regional y la UE están negociando un acuerdo bilateral de libre comercio.

El SGP es un sistema temporario y voluntario que permite a los países desarrollados otorgar concesiones unilaterales a países en desarrollo sin necesidad de extendérsela al resto del mundo. A nivel macroeconómico, el sistema tiene un escaso impacto comercial. El nuevo esquema implementado por Europa estará enfocado en menos beneficiarios (90 sobre los 177 vigentes hasta el año pasado) para, según informó la Comisión Europea, “asegurar un mayor impacto sobre los países con más necesidades”. La UE anunció las nuevas reglas hace más de un año, “para que las empresas tengan tiempo suficiente para adaptarse a los cambios”.

Para la Argentina, el comercio con la UE arrojó en los primeros once meses de 2013 un saldo negativo de 2810 millones de dólares. Como consecuencia de la crisis estructural que atraviesa la Eurozona, las compras de productos argentinos cayeron 11 por ciento con respecto al mismo período de 2012. Mientras tanto, el elevado componente de importaciones asociado al crecimiento de la Argentina redundó en un incremento del 12 por ciento en las importaciones de bienes de capital e insumos industriales desde Europa.

Un artículo de la revista del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en agosto de 2009, sostiene que “la proporción de las importaciones de la Argentina que ingresan a la UE por el sistema de preferencias se ubica por debajo del 20 por ciento del total”. La mayor parte de las ventas argentinas a la UE corresponde a productos libres de aranceles y a bienes arancelados que pagan aranceles distintos del SPG (como carnes de la cuota Hilton y la cuota de ajos). 

 En el trabajo, Graciela Molle y Ana Laura Zamorano afirman que “los productos agrícolas, tanto los libres de aranceles como los que tributan aranceles distintos del SPG, siguen siendo los más importantes en las exportaciones de nuestro país, lo que indica que las condiciones de competitividad sectorial priman sobre la política arancelaria”. Por eso, las investigadoras afirman que “en el caso de la Argentina, el Sistema no ha cumplido su objetivo de nivelar las condiciones de competitividad con los países desarrollados en el sector industrial mediante la rebaja arancelaria, la que resulta insuficiente para compensar los mayores costos atribuibles a las externalidades del entorno económico, la escala, etc”. Desde la Cancillería no realizaron precisiones sobre la magnitud del impacto actual de los cambios, aunque afirmaron que es “relativamente bajo”.

Junto con Argentina quedaron afuera del sistema países de “renta alta” como Qatar, Emiratos Arabes, Kuwait y Bahrein. En el grupo de países de renta “media-alta” que fueron excluidos figuran, junto con Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela, Rusia, Gabón, Malasia y Libia. También quedaron eliminados México y Sudáfrica, y otros países que tienen acuerdos comerciales específicos con la UE como Marruecos, Túnez, Dominicana y Ghana. Por su parte, las empresas exportadoras de Bolivia, Perú y Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú o El Salvador continuarán accediendo a los beneficios arancelarios. También siguen en el listado China, India, Indonesia, Irak, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Tailandia, Ucrania y Vietnam.

En 2012, el gobierno de Estados Unidos eliminó a la Argentina de su sistema de beneficios arancelarios. En esa oportunidad, la decisión se tomó a partir de un exitoso lobby de empresas norteamericanas que buscaban cobrar fallos en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, contra el Estado argentino. En octubre de 2013, las compañías ex proveedoras de servicios públicos en el país que consiguieron la eliminación de los beneficios comerciales, Azurix y CMS Gas Transmission Company, alcanzaron un acuerdo con Argentina para levantar sus demandas a cambio de un pago en bonos denominados en dólares, con una quita en el capital y los intereses. Sin embargo, el gobierno de Barack Obama no reintegró al país al sistema de preferencias.

La Conquista del Desierto

16.12.13





LA EXPANSION DEL COMERCIO Y DE LA OLIGARQUIA

 Por Andrés Asiain y Lorena Putero

Uno de los hitos históricos de la configuración de la economía nacional fue la denominada Conquista del Desierto. La producción de carnes y lanas para la exportación era el lugar que el capitalismo mundial del siglo XIX había asignado a la Argentina en la división del trabajo construida bajo la hegemonía británica. La expansión de ese comercio y del poderío de la oligarquía terrateniente dependía de la expansión de la frontera pecuaria. A ese fin se constituyeron una serie de campañas militares siendo la liderada por el general Roca hacia finales de 1870 una de las más importantes.

La contradictoria tarea de conquistar un desierto por las armas deja en evidencia que la desertificación poblacional de las tierras a conquistar era, en realidad, uno de los objetivos de las campañas. El despoblamiento de las tierras “conquistadas” era funcional a una ganadería que sólo requería tierra y alambre y muy poca mano de obra. Sin embargo, las tierras se encontraban pobladas por entre 20 y 60 mil seres humanos de origen tehuelche y mapuche.

 Para justificar el robo de sus tierras por parte de la elite blanca se construyó una teoría racista que negaba el carácter humano de los pueblos indígenas reduciéndolos a unas bestias salvajes. Al respecto, así se expresaba Domingo Faustino Sarmiento, el “padre del aula”: 

“¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. 
Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado” (El Nacional, 25/11/1876).

La negación de su humanidad fue la condición para proceder a su exterminio. Asesinatos masivos de mujeres, hombres y niños, torturas, campos de concentración, cambios de identidad y reparto de los sobrevivientes como esclavos al servicio de las familias pudientes fueron las herramientas utilizadas por los “civilizados” durante las sucesivas campañas. 

El genocidio de los pueblos del sur y el robo de sus tierras cotizaba en las Bolsas porteña y londinense. Como señala Mario Rapoport en “Historia económica, política y social de la Argentina”, para financiar la campaña de Roca se emitió un empréstito internacional garantizado por las tierras a conquistar. 

Cada suscriptor se aseguraba como mínimo una extensión de 10.000 hectáreas, siendo así que antes de iniciarse la campaña ya se había comprometido la entrega de 10 millones de hectáreas entre los inversionistas locales y extranjeros. Con lo obtenido se preparó la expedición militar que contó con los principales adelantos tecnológicos de la época, como el fusil Remington Patria, también conocido como “mataindios”.

El resultado de la campaña dirigida por Roca fue tan “exitoso” que dio un excedente de tierras por encima de las ya suscritas, que fue repartida entre la cúpula del ejército, la oligarquía local e inversionistas extranjeros. 

El cuadro final fue una brutal concentración de la propiedad en pocas manos. Según el censo de 1914, en el pleno esplendor del “granero del mundo”, más del 50 por ciento de la superficie agropecuaria del país era concentrada por menos del 2 por ciento de las explotaciones.

andresasiain@gmail.com

Sidras con ingredientes no permitidos

Un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) detectó un conservante no permitido en bebidas que se venden como sidras, una de las más populares que se consumen durante las fiestas.
 
Por ello, se estableció que se venden en el mercado bebidas que no deberían denominarse como “sidra” y se advirtió la falta de información útil para el consumidor.

El INTI analizó en sus laboratorios la calidad de un producto de consumo masivo para acercar a los consumidores información segura y confiable que les permita tomar buenas decisiones a la hora de elegir una marca entre las góndolas. En vísperas de las fiestas, trabajó sobre la sidra, un producto cuyo consumo se concentra en un 80% entre los meses de octubre y diciembre.

Como parte del “Programa de desempeño de productos”, el INTI analizó la calidad de la sidra que según el Código Alimentario Argentino (CAA) define como la resultante “exclusivamente de la fermentación alcohólica del jugo recién obtenido de manzanas sanas y limpias, con o sin la adición de hasta un 10% de jugo de peras” al cual se le agregan endulzantes y gasificantes. 

En este sentido, el Instituto analizó 30 presentaciones de sidras correspondientes a 20 marcas existentes en el mercado, una de las cuales corresponde a una marca propia de un supermercado. Para realizar los ensayos en los laboratorios del Centro INTI-Agroalimentos e INTI-Diseño Industrial, previamente se efectuaron compras en distintos puntos de venta del país, localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Río Negro.

Los resultados del informe
En base a los ensayos y análisis físico-químicos que se efectuaron, se detectó el conservante benzoato en nueve de los productos analizados sobre un total de 30. Se trata de un conservante no permitido en este tipo de bebidas por el CAA.

Si bien es empleado en numerosos alimentos de muy diversas características y composición por su actividad antimicrobiana, hay personas sensibles a estas sustancias que, por simple contacto con la piel, manifiestan síntomas típicos de una alergia en forma principalmente de urticaria.

Las personas sensibles al ácidoacetilsalicílico (más conocido como aspirina) tienen más probabilidad de manifestar sensibilidad a los benzoatos dada la semejanza en la estructura química de ambos compuestos. También son más propensos a reacciones de tipo alérgico a estos aditivos quienes manifiestan sensibilidad a la tartracina (aditivo colorante).

La tendencia mundial es utilizar cada vez menos benzoato y sustituirlo por otros conservantes de sabor neutro y menos problemáticos, como el sorbato y el dióxido de azufre que son conservantes que sí están permitidos para prolongar la vida útil del producto evitando el desarrollo de microorganismos.

Si bien en los casos analizados los valores obtenidos en estos dos conservantes permitidos se corresponden a los admitidos para sidra por el CAA (no deben exceder los 320 mg/L en el caso del dióxido de azufre y 250 mg/L en los sorbatos), uno de los productos analizados no lo declaró en el listado de ingredientes y, peor aún, ocho declararon en su etiqueta “sin conservantes”, cuando en realidad, sí contienen conservantes.

Por otro lado, la cantidad del extracto seco, la masa del residuo fijo obtenido después de la evaporación de las sustancias volátiles de la sidra, es uno de los parámetros que establece el C.A.A. como condición para definir que una bebida pueda llamarse “sidra”. De los productos analizados, cinco presentaron un valor de extracto seco menor al que corresponde a sidra.

Paralelamente, en cuatro productos analizados se advirtió que la acidez volátil dio un valor muy cercano al límite establecido por el CAA para considerar una sidra apta para el consumo. Si bien los resultados están dentro del límite hay que tener en cuenta que este parámetro es un indicativo de la alteración por bacterias lácticas que imparten un gusto ácido a la sidra. Este tipo de alteración no causa un efecto dañino a la salud pero modifica organolépticamente al producto, es decir, su sabor.
Respecto de la seguridad del envase, se observó que de los 30 productos analizados, al intentar ser abiertos, en tres casos el corcho saltó solo, lo que implicaría un riesgo para quien manipula la botella.
Por último, al evaluarse la información útil al consumidor que (a criterio del INTI y basada en normativas vigentes) debería estar presente en el envase del producto, se advirtió que 16 marcas carecían de alguna o varias de las informaciones útiles esperables. 

Información confiable para fortalecer la producción

Además de brindar información confiable a los consumidores, este informe tiene por objetivo fortalecer la producción nacional de la sidra, que alcanza a los 40 millones de litros al año; a la vez que acercar a las empresas productoras, concentradas en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza y San Juan, información técnica que permita incluir mejoras en sus procesos y productos.

Desde 2008 este programa realiza ensayos a los más variados productos y elabora informes técnicos de cada uno con un doble objetivo: asistir a la industria nacional en la mejora de la calidad de su producción y sus procesos productivos, y a su vez colaborar en la educación del consumidor para que se convierta en parte activa del proceso de mejora continua de la industria nacional.